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a nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental («LFRA») fue publicada el pasado 7 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación («DOF»), como ley reglamentaria de la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012 en el DOF, mediante la cual se estableció expresamente la responsabilidad para quien provoque el daño y deterioro ambiental en México.

Como consecuencia de la publicación del Decreto correspondiente mediante el cual se emite la LFRA, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bienes Nacionales, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y el Código Penal Federal.

La LFRA establece nuevos conceptos novedosos en nuestra legislación, tales como: criterio de equivalencia, daño al ambiente, daño indirecto y mecanismos alternativos.

Entre las definiciones más importantes están, desde luego, la de daño al ambiente y daño indirecto.

El daño al ambiente es la «pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitats, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se den entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan».

La LFRA establece los diversos esquemas de reparación y compensación de los daños ambientales, ya sea a través de procedimientos judiciales federales, o bien, mediante mecanismos alternativos.  La responsabilidad  que se demande será independiente de otro tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal que resulte aplicable, por lo que cada procedimiento se llevará en forma independiente.

En los procedimientos judiciales, la autoridad competente será el Poder Judicial de la Federación, a través de sus Juzgados de Distrito, y prevé incluso la creación de juzgados especializados en materia ambiental.  En materia de mecanismos alternativos, éstos podrán ser la mediación, la conciliación y las demás que prevengan o terminen un conflicto.  Estos mecanismos son muy importantes ya que sus acuerdos podrán dar por terminados procedimientos judiciales y penales.  Existirán también procedimientos penales, en cuyo caso, serán autoridades competentes la Procuraduría General de la República y los Juzgados de Distrito.

La responsabilidad ambiental establecida en la LFRA será para toda persona física o moral  que con acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, por lo que estará obligada a reparar los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda.

En el caso de las personas morales, serán responsables de los daños al ambiente aquellos que ocasionen sus representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo de la persona moral, o bien, cuando la persona moral ordene o consienta la realización de las conductas dañosas.

La LFRA prevé que la sanción económica siempre será accesoria a la reparación o compensación del daño al ambiente, cuyo monto dependerá de la gravedad del daño, el carácter intencional o negligente de la violación, el tipo de persona que cause el daño, ya sea física o moral, así como su capacidad económica. El monto de la sanción económica por daño al ambiente, tratándose de personas físicas, será de 300 a 50,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y de 1,000 a 600,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para personas morales.

La acción para demandar daño ambiental prescribe en doce años contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

 

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