Por el licenciado Bernardo Sánchez Alcocer Hidalgo y Costilla

La minería fue una de las principales causas de colonización, influyendo directamente en la creación de poblaciones, el trazado de rutas y caminos en México, propiciando, posteriormente, que México legislara respecto de una mayor apertura al capital extranjero, de manera que éste pudiera invertir en México.

Como sabemos, la minería es una actividad invasiva de comunidades, por lo que resulta importante para toda empresa minera el mantener relaciones armoniosas con la comunidad donde se encuentren enclavados sus proyectos, persiguiendo un equilibrio económico, social, medioambiental y laboral. La Comisión Europea define a la responsabilidad social como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus accionistas”.

Resulta imposible hablar de responsabilidad social sin mencionar al desarrollo sustentable. Se conoce como desarrollo sustentable a la práctica de toda empresa o negocio orientada a mejorar la calidad de vida de la gente – mediante una mejoría en niveles de salud, vivienda, educación, etc. – con base en el sustento de la naturaleza. Es decir, según la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se debe lograr una distribución equitativa de la riqueza basándonos en el sustento de la naturaleza; la utilización de los recursos naturales y energéticos se limita a su capacidad de regeneración, y la generación de residuos a la capacidad de asimilación del ecosistema.

Para lograr lo anterior, las empresas mineras deben permitir que la sociedad se involucre de una manera activa en el uso y explotación de recursos, ya sean minerales, forestales, de agua, o de cualquier tipo que contribuya al desarrollo sustentable.

México ha legislado en favor del desarrollo sustentable, tanto en materia ambiental, como en materia minera. La reforma a la legislación minera mexicana aprobada en 2013 supuso, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, en virtud del cual las entidades federativas y los municipios en donde se realizan actividades de extracción minera se benefician de las contribuciones y derechos pagados por las empresas mineras para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se encarga de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.

Todo lo anterior se logra a través de la implementación de prácticas y políticas suficientes para, entre otros, cumplir con las expectativas de la comunidad y poder lidiar con reclamaciones y presiones de la sociedad en general. Es por ello que los instamos a buscar asesoría jurídica y empresarial que permita a sus empresas operar sin contratiempos, y en apego a la legislación mexicana y global en materia de responsabilidad social.