El pasado 20 de noviembre de 2018 se presentó ante las comisiones unidas de minería y desarrollo regional y de estudios legislativos del Senado de la República una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Minera, brindándole, de ser aprobada, nuevas atribuciones a la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano.

Dicha iniciativa establece también nuevas obligaciones a los concesionarios en materia de impacto social negativo en las comunidades y localidades afectadas por operaciones mineras, con el fin de mitigar efectos negativos en la salud de los habitantes, la sobre-explotación, el deterioro y afectación de los recursos naturales de las comunidades, entre otros.