Por el Licenciado Rafael F. Cereceres Ronquillo

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¿Es justo el pago al Estado Mexicano de una retribución por la extracción de minerales? Probablemente sí…

¿Es legal la forma en que los nuevos derechos a la minería se crearon? Probablemente no…
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ran revuelo ha causado entre la industria minera la reciente reforma fiscal, principalmente por la creación de dos nuevas contribuciones a la minería: (a) el derecho especial sobre minería, y (b) el derecho extraordinario sobre minería.

Si bien es cierto, el espíritu de la iniciativa de reforma hacendaria pudo haber sido noble ya que trata de resarcir al Estado Mexicano por la extracción de minerales y sustancias del subsuelo, también lo es que en materia jurídica la forma es de suma importancia. Como decimos comúnmente los abogados: «la forma es fondo».

Trataré de explicar lo anterior en términos sencillos. En materia fiscal, las contribuciones se dividen, entre otros, en: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Si bien es cierto, cada uno de ellos implica una carga tributaria de los particulares en favor del Estado, todas tienen un origen distinto.

En la reciente reforma fiscal, el legislador caracterizó a las nuevas contribuciones mineras como «derechos». Los derechos son diferentes a los impuestos, ya que los derechos son aquellas contribuciones que se pagan por recibir del Estado un servicio público (como la emisión de un acta de nacimiento). Los derechos traen aparejada la prestación de un «servicio público» por parte del Estado a cambio del pago de un derecho que, en esencia, es una contraprestación por el servicio recibido.

En relación con los nuevos derechos mineros, habría que preguntarse si los mismos podrían considerarse como una contraprestación que realizan las empresas mineras por recibir un «servicio público» por parte del Estado, esto es, por recibir alguna actividad en concreto en su beneficio. Parecería que no.

Por lo tanto, los nuevos derechos mineros deberían entonces haberse caracterizado por nuestros legisladores como «impuestos» y no «derechos». Ese simple cambio de vocablo en la contribución hace que los nuevos derechos puedan ser considerados por un tribunal federal como inconstitucionales por no respetar los principios de proporcionalidad e igualdad que marca nuestra Constitución.

El medio legal para determinar si los derechos son constitucionales o no es el juicio de amparo. Ya quedará a discreción de las empresas mineras si ejercitan o no ese derecho constitucional.

 

Como lo mencioné con anterioridad: «la forma es fondo».